Sólo en Rosario la Defensoría del Pueblo inició 20.408 nuevos expedientes durante 2008
Desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre de 2008, la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe inició un total de 20.408 nuevos expedientes. La cifra expresa el número de reclamos que se han efectuado en el organismo, pero sin tener en cuenta los casos atendidos por el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito y el Centro de Mediación.
El 38,93% de las consultas se refirieron a temas particulares, en los cuales los ciudadanos y ciudadanas asisten en busca de asesoramiento legal por motivos variados, a saber: problemas laborales, penales, familiares, entre vecinos, etc. Pese a que en general esos casos no pertenecen a la competencia de la Defensoría del Pueblo tal como lo explicita la ley Nº 10,396, los instructores de la institución le ofrecen al reclamante la información y el asesoramiento necesarios para que se dirijan a la oficina o instancia correspondiente. Asimismo, hacia fines de 2008, la Defensoría reeditó la Guía del Ciudadano, herramienta que pone a disposición del público las dependencias y trámites que se deben realizar de acuerdo a cada problema. En otras oportunidades, los reclamos alcanzan una resolución favorable gracias a la mediación comunitaria, mecanismo de resolución alternativa de conflictos caracterizado por ser voluntario, gratuito, veloz, confidencial y creativo. Para ello, la Defensoría del Pueblo cuenta con el primer Centro de Mediación del país, que dispone de espacio y mediadores propios.
En segundo lugar, con el 26,27 por ciento, se registran los reclamos correspondientes a inconvenientes de la ciudadanía local en otros municipios y comunas de la provincia de Santa Fe (20,86 por ciento) y en otras provincias (5,41 por ciento). Pese a que en numerosas oportunidades estos reclamos escapan a la competencia específica de la institución, en todos los casos se le ofrece asesoramiento e información adecuada a los reclamantes, incluso cuando se trata de otras jurisdicciones. Cuando los casos puntuales lo permiten, también se realizan gestiones oficiosas ante municipios y comunas para acercar al reclamante a una respuesta a su planteo. En este rubro, también se incluyen infracciones de tránsito por exceso de velocidad, ausencia de luces bajas obligatorias para la circulación en rutas, sobrepaso indebido y cruce de semáforo en rojo.
En el área de servicios públicos también se han registrado numerosos reclamos (11,23% del total), correspondientes a la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.) con 1399 reclamos y al servicio de agua con 681. En ambos casos, se han recibido quejas por cortes y deficiencias en el suministro de los servicios, y numerosas consultas acerca de deudas, planes de pago y casos sociales.
La Defensoría recibió también 2033 reclamos referidos al ámbito nacional, sobre el cual no posee competencia, pero dispone de una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación para ofrecer respuestas a la ciudadanía.
Otros temas relevantes atendidos en la institución se refirieron a salud (desatención, incumplimientos con la prestación médica obligatoria por parte de obras sociales, dificultades con la atención en efectores públicos, falta de prótesis y determinados tipos de drogas, etc.) y educación (problemas relacionales, problemas de inserción de niños con dificultades de integración social, cursos sin reconocimiento ministerial, etc.). Durante este año se incorporó además un área específica de atención a los reclamos por discapacidad, tendiente a abordar los siguientes temas: derechos de las personas con discapacidad, obligaciones de Obras Sociales y Prepagas, asignaciones familiares por hijo con discapacidad, asesoramiento sobre posibilidades laborales, denuncias por incumplimiento de las empresas de transporte en cuanto a la gratuidad del servicio para personas con discapacidad (franquicias), etc.
Los reclamos restantes, que completan el 100 por ciento de las quejas elevadas ante la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo, corresponden a inconvenientes con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto; la Municipalidad de Rosario; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Seguridad; la Secretaría de Medio Ambiente; el Ministerio de Salud; la Secretaría de Promoción Comunitaria; el Ministerio de la Producción y los Entes Reguladores de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
Además, entre los servicios que ofrece la Defensoría, se encuentra el de la realización del trámite para constituir la propiedad como “bien de familia”, que asegura que la vivienda sea inembargable, a los fines de garantizar el derecho a la vivienda. Durante 2008 se iniciaron 800 trámites de constitución de la vivienda como bien de familia.
Casos emblemáticos
Durante 2008, la Defensoría del Pueblo intervino en varias problemáticas que, por su repercusión social, podrían considerarse emblemáticas, a saber:
Mediante resolución Nº 011/08, se solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia que presenten un proyecto modificatorio de la Ley Nº 9290/83 sobre “Asignaciones Familiares” para que se ponga fin al trato discriminatorio relacionado con el pago de la asignación prenatal según que el agente esté casado o viva en concubinato, con el propósito de evitar una futura sanción por parte de la Comunidad Internacional.
Ante los numerosos reclamos de usuarios en estado de vulnerabilidad socioeconómica, la Defensoría del Pueblo recomendó por resolución Nº 130/08, dirigida al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, que comenzara a funcionar nuevamente la Comisión de Asistencia al Usuario para Casos Sociales, de acuerdo a lo estipulado en el decreto Nº 2124/99. A partir de esta actuación, la mencionada oficina comenzó a funcionar en septiembre del año pasado, con el objetivo de garantizar el acceso a la red de agua potable para aquellos usuarios que no disponen de los medios adecuados para afrontar el pago de la factura.
Mediante la resolución Nº 204/08, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Cámara de Diputados de la provincia el tratamiento del proyecto de ley tendiente a que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo priorice la adjudicación de viviendas en forma directa a personas transplantadas, personas con discapacidad, a sus núcleos familiares o a las personas de quienes ellas dependen.
Se solicitó y recomendó al Senado provincial por medio de la resolución Nº 205/08, la elaboración de un proyecto de ley mediante el cual se estableciera la obligatoriedad de otorgar prioridad y atención preferente a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que realicen trámites en las dependencias destinadas a la atención pública que dependan de los tres poderes del Estado Provincial, a sus organismos descentralizados o autárquicos, a entes públicos no estatales y a empresas del Estado provincial y privadas.
Se declaró mediante la resolución Nº 209/08, la necesidad de implementar la movilidad de los haberes jubilatorios de manera inmediata, tomando como piso lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado “caso Badaro” que establece un coeficiente de movilidad del 88,6 % y un resarcimiento patrimonial que reconozca el deterioro del poder adquisitivo de los haberes desde el año 2002 hasta la actualidad. En dicha resolución, se determinó además, respaldar las actuaciones del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, realizadas ante los Organismos del Estado a los fines de que se le reconozcan a los jubilados y pensionados su derecho constitucional a una jubilación digna evitando la proliferación de juicios.
La Defensoría del Pueblo advirtió a la población acerca de la existencia de dos institutos de educación no formal que no fueron autorizados por el Ministerio de Educación de Santa Fe para entregar certificados con validez oficial. Los cursos, suelen tener un año de duración y anualmente, deben solicitar el reconocimiento ante el Ministerio de Educación. Esto implica que una resolución o disposición de años anteriores no garantiza su reconocimiento. Es por eso que la Defensoría del Pueblo instó a quienes se inscribieran en dichos cursos a informarse fehacientemente acerca del reconocimiento ministerial de los certificados.
Ante los numerosos reclamos presentados, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo provincial que arbitrara los medios tendientes a extender el plazo otorgado para el primer vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria de Automotores de uso particular, correspondiente a los modelos 1995 y anteriores. El pedido se sustentó en la Disposición Nº 1 del 21 de enero de 2008, fundamentada en el colapso provocado por la demanda, que excedió la capacidad de los talleres habilitados para efectuar los Controles de RTO. En virtud de la prórroga obtenida por la Defensoría del Pueblo se posibilitó el cumplimiento efectivo de lo establecido en la normativa de tránsito vigente, en un plazo razonable.
La Defensoría también recomendó al Ministerio de Educación de la provincia que promueva “La modificación del decreto provincial de licencias Nº 4597, Art.18, adecuando la letra del mismo con lo establecido por la Ley Nacional de Contrato de Trabajo Nº 20744, Art.19, para que todas las mujeres trabajadoras de los establecimientos educativos de la provincia, de gestión pública o privada puedan disponer de dos descansos diarios de amamantamiento por el término de un año, resguardando el derecho a la lactancia”. Mediante la Resolución Nº 081/08, la Defensoría respondió satisfactoriamente al reclamo presentado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) por cuanto en algunas escuelas de gestión privada se negaba a sus agentes el derecho de lactancia basándose en un decreto provincial de licencias de l983, que establecía una licencia por un período de 6 meses, contraponiéndose con lo establecido por la ley nacional de contrato de trabajo.
Anticipándose a lo que se consideraba un potencial perjuicio para la provincia, se requirió la “inmediata intervención del señor Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, a fin de que proceda a desarrollar una gestión en el marco de sus facultades de defensa de los intereses de los ciudadanos del norte” santafesino ante la posibilidad del cambio del recorrido del Gasoducto del Noreste. A través de la resolución 274/08, la Defensoría explicó que “el cambio de recorrido del Gasoducto constituiría un serio perjuicio para los intereses colectivos de los habitantes, pues se los privaría de la posibilidad de acceder a un servicio con costos más bajos para el sector productivo.
También se comenzó a resolver la situación de un grupo de pescadores de la ciudad que se habían visto afectados por encontrarse excluidos del padrón correspondiente a los subsidios que el Estado provincial otorga al sector en períodos de veda. La mayor parte de los perjudicados ya se vieron incluidos en el mencionado padrón y algunos aún se encuentran en tratativas para poder acceder también a los subsidios que les proporcionan una ayuda económica durante la veda actual, cuyo objetivo es la preservación del recurso ictícola.
Por último, la Defensoría del Pueblo apoyó y avaló explícitamente el pedido de modificación de la ley de creación de la institución (Nº 10.396) formulado desde el Senado provincial, tendiente a otorgarle legitimación activa al Defensor del Pueblo de Santa Fe, lo que le permitiría actuar judicialmente en representación de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe -sede Rosario- atiende en Pasaje Álvarez 1516 de 8 a 14 horas (horario de verano). También pueden hacerse consultas en su sitio de internet www.defensorsantafe.gov.ar, y a los teléfonos (0341) 472-1112/3. Todos los trámites que se realizan en la institución son gratuitos.
