Duro debate por la instalación de una antena de telefonía celular en Andino

Andino. — Más allá de las explicaciones técnicas que brindaron los profesionales acerca del impacto que producen las antenas de telefonía, no hubo acercamiento de posiciones en la audiencia pública convocada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de San Lorenzo, a cargo de Gladis López, en el marco de la tramitación de un recurso por ley 10.000 que interpusieron vecinos del predio del Club Defensores local, donde se levantó una torre de la empresa Claro.

La audiencia, realizada en el Centro Cultural Andino, estuvo encabezada por la jueza López, y expusieron previo al debate con los asistentes Juan Chenavier, de Obras Públicas de Rosario; Rubén San Martín de la empresa Sepcom que levantó la torre; Héctor Vila, docente de la UNR especialista en el tema; Daniel Frizzeta jefe de control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y representantes legales de Medio Ambiente de Santa Fe.

Todos los profesionales coincidieron en afirmar que los efectos que producen las ondas emitidas por las antenas son mínimos, aun inferiores a los de las FM, y citaron como fuente en forma permanente a la Organización Mundial de la Salud.No obstante ninguno de esos argumentos surtió efecto, y el debate, además de mantener firmes posiciones, estuvo cargado de emociones que mueven las acciones en determinadas comunidades. Nadie cedió en sus posiciones, y por momentos aparecieron chicanas, sutilezas y expresiones poco felices como calificar la protesta de los vecinos como de "terrorismo".

La audiencia fue convocada luego de que el juzgado emitiera una medida cautelar disponiendo la suspensión de la construcción, y como saldo concreto quedó que deberá fijarse una fecha para que la CNC haga una medición de las ondas emitidas por la antena y la aprobación del estudio de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que la empresa presentó minutos antes del debate.

También quedó expuesto que, más allá de no haber sido habilitada por la comuna y de la existencia de la medida cautelar de la Justicia, la empresa siguió haciendo funcionar la antena en forma parcial. Las explicaciones técnicas sobre la inocuidad de las antenas de telefonía fundamentadas en la reunión no sirvieron para acercar opiniones, y el debate se tornó áspero.

Como la audiencia pública para tratar un tema de medio ambiente no tenía carácter resolutivo ni vinculante, la jueza se encargó de aclarar que agotará todas las instancias para resolver la situación, y tanto la medición de la CNC, como la aprobación del impacto ambiental serán decisivos a la hora de emitir un fallo. "La antena no se traslada, si se comprueba que hace daño, lo hace aquí o en otro lado, sigue o se desmantela", afirmó una fuente cercana al tribunal.

Sin señal. La falta de señal en los teléfonos celulares en Andino es un tema recurrente, la necesidad de una antena es un hecho innegable, pero parece ser que nadie quiere tenerla cerca.

Los terrenos donde se comenzó a levantar la torre pertenecen a la comuna, pero por una ordenanza de este año, el gobierno local los cedió en comodato al Club Defensores de Andino, para que pueda ampliar sus instalaciones.

Sin embargo los integrantes de la comisión vieron la posibilidad de un ingreso importante de dinero para invertir en las actuales instalaciones y no dudaron en alquilar el predio a Claro, sin pensar en toda la polémica que vendría luego.

Cuestión legal. A la hora de expresarse las representantes de Medio Ambiente provincial no hicieron referencia a la cuestión de los ondas, pero sí hincapié en la prohibición vigente en suelo provincial sobre la instalación de antenas en clubes, escuelas o centros de salud, y en remarcar que el estudio de impacto ambiental debía haber sido presentado por la empresa antes de comenzar a instalar la torre, hecho que además debió ser exigido por la comuna local.

Como argumento de defensa los integrantes de la comisión del Club Defensores afirman que si bien el terreno hoy pertenece a la institución, allí no se hacen actividades deportivas ni sociales que podrían reñirse con lo que marca la ley. Ahora debe expedirse Medio Ambiente, y la Justicia tendrá la última palabra en un debate que promete no terminar acá y seguir hasta las próximas elecciones.