Quince familias corren el riesgo de ser desalojadas

Quince familias –“que suman cerca de cien personas en total”, según contaron– corren el riesgo de ser desalojadas de un terreno ubicado en Ituzaingó 60 bis luego de que les llegara una orden judicial de desalojo intimándolas a retirarse del predio antes del 24  de noviembre. “Estamos muy preocupados porque somos gente de trabajo con chicos y si nos sacan de acá no tenemos dónde ir”, contó a este diario Carina Castillo, una de las ocupantes, madre de tres niños, uno de ellos discapacitado. La mujer, junto a sus vecinos, mantuvo una reunión ayer con funcionarios municipales donde les plantearon la situación y obtuvieron el compromiso de los mismos de acompañarlos a una audiencia que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre con autoridades judiciales y los propietarios del terreno, con la intención de llegar a un acuerdo y poder permanecer en el lugar “mediante algún arreglo al que podamos llegar”, según relató esperanzada.

 

“Estamos con una orden de desalojo desde el 24 de mayo. Nosotros nos instalamos en el lugar hace aproximadamente un año y medio. Nos metimos allí porque era un terreno baldío, abandonado hace más de treinta años y lleno de ratas, y lo desmalezamos y construimos las casas donde estamos viviendo. Y estamos hablando de casas de material, no casillas hechas de chapa”, explicó Carina.

 

La mujer contó que en este momento tanto ella como su esposo –al igual que el resto de los ocupantes– están desocupados. “Hace bastante tiempo que no tenemos trabajo. Mi marido por ahí tiene algunas changas pero que no son suficientes para poder vivir dignamente. Yo antes trabajaba en casas de familia pero ahora no tengo trabajo. Igual es importante destacar que plata para comer no nos falta y eso que tenemos tres hijos, uno de diez años, otro de dos y el más chiquito de cinco meses”, añadió.

 

En busca de una solución, los vecinos ocupantes cortaron el viernes pasado una intersección de calles frente a Tribunales y consiguieron –tras la acción– ser atendidos por el juez de primera instancia Eduardo Arichuluaga, quien les dio audiencia para el próximo 5 de diciembre.

 

En tren de conseguir alguna solución a su problemática, ayer se dirigieron a la Municipalidad y mantuvieron un encuentro con funcionarios del Servicio Público de la Vivienda y con personal de la Secretaría de Promoción Social y de la Dirección General de Control Urbano. “En el encuentro ellos nos dijeron que nos van a acompañar a Tribunales para ayudarnos con nuestra situación”, contó Castillo.

 

“Nosotros no queremos que nos regalen los terrenos. Lo que le pedimos al municipio es que ellos lo compren, lo coticen, lo dividan en lotes y nos den un plan para que nosotros podamos pagarlo por mes. La respuesta fue que van a plantearle eso a los dueños, así que tenemos muchas expectativas y esperanza para la reunión”, añadió.

 

“Nuestro pedido es simple, no es un capricho. Ocurre que somos muchas familias las que vivimos en el terreno y hay muchos chicos y mujeres embarazadas. Nosotros somos buena gente, de trabajo, que simplemente queremos un lugar donde vivir. No me canso de contar que las casas que construimos nos llevaron mucho esfuerzo porque allí pusimos todos nuestros ahorros”, continuó la mujer.

 

Además, los vecinos contaron que en su momento –cuando les llegó la primera carta con la orden de desalojo– se dirigieron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe donde dejaron asentada su situación. “Allí fuimos recibidos por funcionarios quienes nos dijeron que nos quedemos ahí”, destacó.

 

Por último, Carina insiste en que no quiere que le regalen nada. “Queremos que los funcionarios, los políticos, nos ayuden porque vamos a defender el terreno porque todo lo que tenemos está ahí, ni más ni menos. Nos gustaría que tomen este pedido con sensibilidad y que entiendan que muchos chicos van a quedar en la calle. Nosotros agarramos un terreno baldío y lo convertimos en un lugar habitable. Espero que se entienda eso y puedan ayudarnos. Ese es nuestro único deseo”, concluyó.