Vecinos de Nuevo Alberdi, otra vez contra el desalojo
Los vecinos que integran la Asamblea Popular de Nuevo Alberdi Oeste volvieron a la carga ayer con sus viejos reclamos ante a la posibilidad latente de ser desalojados de los terrenos que habitan desde hace más de 20 años. Según denunciaron desde Giros, organización que realiza tareas comunitarias en la zona rural de Nuevo Alberdi, “la construcción ilegal del country (barrio privado) sigue en marcha, avanza día a día, los desalojos continúan y la situación es cada vez más crítica”. Para los habitantes del lugar ubicado en el extremo noroeste de Rosario, “la Intendencia no cumplió con la palabra empeñada porque hay familias que están quedando en la calle”. Los vecinos resolvieron retomar el plan de lucha a fin de exigir que se declare a la zona de interés social y decidieron acampar en el jardín de Villa Hortensia, hasta tanto reunirse con el intendente Miguel Lifschitz.
No obstante, desde el municipio negaron la posibilidad de declarar la zona de interés social hasta tanto no se realicen las obras de saneamiento, puesto que “los terrenos son inundables”, explicaron.
Con el propósito de “buscar algo de todo lo que el municipio se comprometió a brindar y no cumplió”, vecinos de Nuevo Alberdi Oeste junto a integrantes de Giros se movilizaron ayer a la mañana hasta el Centro Municipal de Distrito Norte “Villa Hortensia”, donde mantuvieron una reunión con la directora del centro municipal, Adela Armando.
Previo debate en asamblea, vecinos y militantes barriales resolvieron ocupar este edificio municipal hasta obtener una solución definitiva al problema. Cerca de las 16, los principales referentes mantuvieron un encuentro con el secretario General del municipio, José Garibay, a quien le transmitieron sus reclamos y le solicitaron una reunión con el intendente. “En realidad, decidimos acampar en el jardín del distrito hasta que se concrete esa reunión”, dijo Antonio Salinas, de Giros.
Unas 200 familias de la zona rural de Nuevo Alberdi temen por su desalojo y sus fuentes laborales. Así lo plantearon en agosto pasado, cuando mantuvieron un acampe en la plaza 25 de Mayo hasta que el intendente Lifschitz y buena parte de su gabinete se comprometieron a buscarle una solución al problema. La polémica se había generado por un “error de coloreo” en el mapa que el Ejecutivo envió al Concejo en relación al Plan Urbano 2007/17, el que contemplaba trabajos de urbanización para la zona rural, aunque las autoridades municipales lo negaron rotundamente y dijeron que ese mapa era “incorrecto”. “Queremos saber cuál es el proyecto del Ejecutivo. El intendente se comprometió a darnos una entrevista luego de 60 días de firmado el acuerdo. Esa reunión era justamente para evaluar como venía funcionando el espacio institucional, pero ya pasaron más de 90 días y la entrevista nos fue sistemáticamente negada”, se quejaron desde Giros.
Los integrantes del Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente (Giros) sostuvieron que “hay agentes privados que siguen extorsionando a los vecinos, dándole tres meses de plazo para abandonar el barrio”. Salinas, integrante de la organización, aseguró que la Municipalidad “no retrotrajo ni penalizó (como figuraba en la carta firmada por Lifschitz) la situación ilegal de apertura de calles y trabajos de alambrado, que esta vez incluso encerró casas y hornos de ladrillos”. “En el barrio siguen los desalojos y los trabajos de los privados. De los cuatro puntos acordados con el municipio no se cumplió ninguno”, agregó Salinas en diálogo con este diario.
La zona rural en cuestión limita con el canal Ibarlucea. Los habitantes del lugar viven en casas precarias y han generado ahí su fuente de trabajo, ya sea en los hornos de ladrillo o en la cría de animales. “El municipio no tiene un plan para las 200 familias de la zona rural. Por las características del lugar, los habitantes tienen ahí sus fuentes laborales y parece que se quiere fomentar la desocupación, además de no atender el problema de la vivienda”, acusaron desde la organización Giros.
En tanto, desde la Secretaria de Planeamiento municipal recordaron que hasta que no estén finalizadas las obras de ensanchamiento del arroyo Ludueña y los canales Ibarlucea y Salvat, además de los respectivos estudios hidráulicos, no se puede determinar el uso de esos terrenos porque son inundables.
La secretaria de Planeamiento, Mirta Levín, descartó por el momento declarar a la zona rural de interés social como reclaman los vecinos. “Un particular tiene todo el derecho de alambrar su terreno para cuidarlo y el municipio no puede hacer nada al respecto”, consideró la funcionaria, quien dijo desconocer las supuestas “presiones” de privados para que los vecinos abandonen el lugar. “Esperamos los estudios hidráulicos para determinar el uso de esos terrenos”, insistió Levín.
