Exigen más controles a la EPE

La empresa energética estatal encabeza el ranking de quejas de la Defensoría del Pueblo, seguida por Aguas Santafesinas SA (Assa) y las telefónicas. Durante lo que va del año ya se iniciaron sólo en Rosario 1.229 expedientes por daños y sobrefacturación de luz, entre otros temas. Para el titular del organismo, Carlos Bermúdez, “resulta indispensable la creación de un ente de control para la EPE”.
El apagón de 39 horas en Echesortu y la posterior demanda que los comerciantes del lugar preparan contra la compañía estatal sirvieron de disparador ¿Por qué Assa es controlada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y la EPE no tiene un organismo contralor?
Bermúdez explicó que esa ausencia se cubre en la actualidad con la Defensoría. “En el ranking de quejas a nivel provincial figura primero la EPE. Y a la gente que va a sus oficinas a exigir un resarcimiento, la mandan a la Defensoría, porque resulta más sencillo aceptar un expediente nuestro que encuadrar las quejas dentro del propio reglamento de la empresa”, justificó Bermúdez.
La lógica de funcionamiento de la EPE no sigue los mismos carriles que una firma privada prestadora de servicios públicos. Está facultada por el Estado a cobrar intereses por deuda a sus clientes, pero no los repara económicamente cuando incumple su función de distribuir energía.
En Capital Federal, donde la luz la proveen las firmas Edenor y Edesur, ante apagones prolongados, los clientes reciben un crédito de consumo por las horas sin luz en sus hogares, que se emiten en la facturación posterior. Y si la falla es importante, el poder concedente les aplica multas.
Desde el 1 de enero a la fecha, la Defensoría del Pueblo con asiento en Rosario contabilizó 1.229 expedientes abiertos contra la EPE (que incluyen a los de barrio Echesortu) sobre 18.306 reclamos. Los temas principales fueron daños, sobrefacturación, deuda y fraude. Las estadísticas se mantienen estables. El año pasado fueron 1.393 de un total de 21.832.
A poco de culminar su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo, Bermúdez consideró que “con esto de los cortes prolongados se plantea un buen momento para que se debata en la sociedad si hace falta un organismo de control específico para la EPE.
Muchos creen que porque es una empresa del Estado, sus clientes no tienen derecho a una reparación, pero no es así”, comentó. No es casualidad que las quejas por la mala prestación del servicio eléctrico figuren al tope en el ranking de reclamos.