Medio ambiente y seguridad, prioridades de la Defensoría

Evitar la contaminación medioambiental, disminuir los índices de inseguridad y violencia, y promover los derechos del consumidor son los principales desafíos que se planteó el nuevo defensor del pueblo de la provincia, Edgardo Bistoletti, en la gestión que comenzó el mes pasado. El flamante funcionario ejerció la profesión de abogado durante 18 años y desde 1989 hasta el mes pasado fue juez penal.
   Ni bien llegó a la Defensoría, Bistoletti ya emitió dos comunicados en los que se pidió informes al hospital Centenario por la falta de servicios denunciada por los médicos de distintas áreas de centro asistencial, además sentó posición ante el gobierno nacional por el cíclico problema que padece Rosario por la quema de los humedales.
   En diálogo con La Capital Bistoletti remarcó que quiere llegar "a toda la gente, para que los ciudadanos sepan que los vamos a escuchar y también ayudar en todo lo que podamos", aseguró.
   En este marco remarcó que no recibe instrucciones de nadie. "Tengo autonomía funcional", destacó.

Gestión. Bistoletti ya comenzó a trabajar por el medio ambiente de la provincia. Concretamente, reiterando un pedido a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que presente ante la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo que promovió la Municipalidad con el fin de garantizar que no se repita la quema indiscriminada en las islas (ver aparte).
   Otro de los puntos centrales en los que Bistoletti se propone trabajar es sobre la seguridad y la violencia.
   "Me inquieta sobre todo la violencia que un chico mama en su casa, de un padre violento o de situaciones penosas", destacó. En la misma línea expresó su preocupación por la droga, que calificó como "la corrupción de la humanidad".
   Desde la Defensoría se dará un impulso importante a la concientización de la población sobre los derechos como consumidores "para terminar con los abusos", dijo. Y el otro campo que se reforzará será el centro de mediación, ya que "el 75 por ciento de los conflictos menores (que habitualmente llegan a la Justicia) se podrían resolver a través de esta práctica", observó.

Organismo de contralor. La Defensoría es un instituto de contralor del Poder Ejecutivo provincial (no de la Justicia ni del Parlamento).
   El organismo recibe las quejas de los ciudadanos y las presenta al poder político a la vez que emite sugerencias para su resolución. No tiene injerencia en causas judicializadas, ni posee poder de coacción; sin embargo la ley explicita que los funcionarios públicos están obligados a responder a las sugerencias o pedidos que presente el organismo.
   De la Defensoría dependen también el Centro de Mediación y el Centro de Asistencia a la Víctima. Allí se puede comprobar el incremento alarmante de los casos de violencia y de trata de personas. "La provincia de Santa Fe es uno de los principales territorios de captación de jóvenes", alertó el funcionario.
   Más allá de los grandes temas, Bistoletti es consciente de que la función de la Defensoría, en la mayoría de los casos, "es de contención social. A veces no se pueden resolver los problemas, pero siempre se escucha a todos los que van y se intenta asesorarlos", aseguró.
   Los profesionales de la Defensoría reciben unas 65.000 quejas anuales.
   En Rosario, las oficinas de atención al público se encuentran en pasaje Alvarez 1516 y los teléfonos son 4721112/13, correo electrónico: info@defensorsantafe.gov.ar.